La tasa global de fecundidad en América Latina pasó de 6 hijos por mujer en los años sesenta a menos de 2.0 en promedio en países como Brasil, Chile, Costa Rica y México, según Naciones Unidas. Esto significa que cada generación nueva será más pequeña que la anterior.
La población de personas mayores de 60 años está creciendo considerablemente. La CEPAL indica que, de unos 88 millones en 2022, podría llegar a cerca de 100 millones en 2025. Según cálculos del Banco Mundial, para 2050 uno de cada cuatro latinoamericanos tendrá más de 60 años (25% de la población), por lo que la región enfrenta una transformación demográfica sin precedentes.
El envejecimiento acelerado de la población, impulsado por la baja fertilidad, no solamente altera nuestra dinámica social, sino que también impacta el plano económico. La pregunta urgente es: ¿cuánto nos costará y qué oportunidades puede abrir este cambio?
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en promedio, América Latina destina 4.3% del PIB a pensiones y 4.1% a salud. El gasto en salud para personas mayores podría subir hasta 175% para 2050, mientras que la demanda de cuidados a largo plazo se triplicará en 30 años. Modelos inspirados en economías avanzadas recomiendan la aplicación de esquemas mixtos: “tope fiscal” de largo plazo y mecanismos complementarios de ahorro con incentivos tributarios, como en Australia o Estados Unidos.
Pero también hay oportunidades para la economía. Esta población representa un segmento con creciente poder económico: globalmente, la “Silver Economy” aportó el 34% del PIB mundial en 2022 (45 billones de dólares) y podría alcanzar el 39% para 2050.
América Latina envejece: ¿Cuál es el costo y las oportunidades de cara al futuro?
Las instituciones financieras tienen posibilidades de diseñar productos pensados para este segmento (seguros, ahorro, crédito, inclusión financiera), en particular para mujeres mayores, quienes representan 55% del grupo y enfrentan retos estructurales como menores ingresos y bajas pensiones.
La CEPAL recomienda una inversión del 4.7% del PIB en infraestructura de cuidados para 2035, lo que podría generar 31 millones de empleos en más de 23 países.
La disminución del “bono demográfico” compromete el crecimiento laboral, por lo que el Fondo Monetario Internacional invita a incorporar a los adultos mayores al mercado laboral.
Por otra parte, las personas de este segmento de población con capacidad de invertir en el mercado de valores tienen un perfil muy distinto al de los inversionistas jóvenes. Su principal objetivo ya no es acumular riqueza a largo plazo, sino conservar el patrimonio, asegurar ingresos constantes y minimizar riesgos. Entre las alternativas más comunes están los instrumentos de renta fija, las acciones de empresas consolidadas y los fondos de inversión mixtos.
El envejecimiento poblacional en América Latina representa una encrucijada: puede ser un lastre fiscal o un motor de transformación económica y social. La clave está en la estrategia pública. Sin reformas ni inversión en la región, enfrentaremos una crisis de sostenibilidad; con políticas integrales, podemos activar una economía más inclusiva, equitativa y productiva.
En el marco del «Latam Mobility Cono Sur 2025«, destacadas autoridades de Paraguay, Chile yMéxico compartieron visiones, desafíos y oportunidades en políticas públicas, regulación y financiamiento para impulsar avances concretos en transporte sustentable.
En el panel moderado por Andrés Barentín, CEO de Dhemax, representantes gubernamentales y expertos en transporte de diversos países de América Latina se reunieron para debatir cómo transformar las conversaciones en acciones tangibles que aceleren la implementación de la movilidad sostenible en la región.
El diálogo, titulado “Más allá de la conversación: ¿cómo concretar la movilidad sostenible en la región?”, exploró las complejidades institucionales, financieras y técnicas que enfrentan los gobiernos, y contó con la participación de Emiliano Fernández, viceministro de Transporte de Paraguay; Matías Salazar, jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno de Santiago; Camila Merino, alcaldesa de la Municipalidad de Vitacura; José Solorza Estévez, CEO de EFE Trenes de Chile, y Alan Morales, subdirector de Seguimiento del Sistema Integral de Movilidad del Estado de México.
Paraguay: proceso de reforma con mirada regional
Emiliano Fernández, viceministro de Transporte de Paraguay, detalló el proceso de reforma del transporte público que vive su país, con una ley actualmente en discusión en el Senado.
Explicó que el modelo busca inspirarse en experiencias exitosas de la región, como las de Colombia y Chile, particularmente en la separación de activos estratégicos para facilitar el financiamiento de flotas nuevas.
“Tenemos que abordar la gobernanza, la seguridad jurídica y un modelo financiero robusto. La electromovilidad demanda grandes inversiones iniciales, y para motivar al sector privado debemos ofrecer certezas”, afirmó Fernández.
Además, anunció que Paraguay avanza hacia la incorporación de 100 buses eléctricos en el corto plazo, 30 financiados por el Estado y 70 por privados, como parte de una estrategia que prioriza el bienestar ciudadano mediante la reducción de los tiempos de viaje y espera.
Chile: integración multimodal y visión metropolitana
Desde la experiencia local, Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, recalcó la importancia de una visión integrada a nivel metropolitano.
“En Vitacura tenemos el desafío de ser un referente en sustentabilidad, pero los viajes de nuestros vecinos cruzan comunas. Necesitamos una mirada macro, no solo comunal”, sostuvo.
Merino destacó una iniciativa pionera de licitación conjunta de scooters eléctricos junto a las municipalidades de Las Condes y Providencia, que permitirá operaciones intercomunales con estándares de seguridad y control centralizado para prevenir malas prácticas.
“El scooter para distancias cortas es una alternativa recomendable, pero debemos asegurarnos de que su implementación sea segura y ordenada”, añadió.
EFE Trenes de Chile: el ferrocarril como columna vertebral
José Solorza Estévez, CEO de EFE Trenes de Chile, enfatizó el rol estratégico del ferrocarril no solo en el transporte de pasajeros, sino también de carga, como un elemento clave para la sostenibilidad.
“Nuestro objetivo no es competir con el transporte carretero, sino colaborar para hacer crecer la torta. Proyectos logísticos estratégicos no son viables sin una alianza entre modos”, explicó.
Solorza se refirió al nuevo modelo de transporte de carga ferroviaria, diseñado para atraer más actores y potenciar la intermodalidad.
Además, reconoció el momento histórico que vive la empresa, con proyectos postergados por décadas, como Melipilla, finalmente en licitación, y una demanda que supera los niveles prepandemia, alcanzando los 65 millones de pasajeros anuales.
México: voluntad política y armonización legal
Alan Morales, subdirector de Seguimiento del Sistema Integral de Movilidad del Estado de México, compartió la experiencia de su región, donde se busca revertir un rezago histórico en movilidad, particularmente en la conexión con la Ciudad de México.
Además, subrayó que los principales retos son la voluntad política, la armonización legal y la atracción de inversiones.
“Uno de nuestros grandes retos es despolitizar los proyectos y programas, garantizando que trasciendan los ciclos de gobierno. También necesitamos que el Estado sea atractivo para los inversionistas y proveedores de electromovilidad”, afirmó Morales.
Por otra parte, Morales mencionó que la próxima sede del Mundial impulsa aún más la urgencia de modernizar el transporte y renovar flotas.
Coordinación interinstitucional y financiamiento
Uno de los temas transversales fue la necesidad de coordinar múltiples niveles de gobierno (nacional, regional, municipal) para evitar esfuerzos duplicados o contradictorios.
Emiliano Fernández explicó que en Paraguay se avanza hacia una “gobernanza coordinada” mediante acuerdos interinstitucionales que ordenen el sistema, mientras que Alan Moralesdestacó la importancia de armonizar leyes generales de movilidad para evitar fragmentación normativa.
En materia de financiamiento, surgió con fuerza el debate sobre el subsidio al transporte público. Fernández abogó por replantearlo como “inversión social” y cuantificar su impacto en la productividad y economía urbana.
“Casi no existen países donde no haya subsidios en el transporte. Debemos convencer a los tomadores de decisiones de que cada dólar invertido aquí tiene un retorno social invaluable”, argumentó.
Mirada de futuro
En el cierre, los panelistas coincidieron en la necesidad de poner a las personas en el centro de las políticas de movilidad.
Alan Morales indicó que “tenemos la misma visión desde México hasta Chile: mejorar la movilidad es transformar la vida de las personas. La electromovilidad ya es una realidad y los pasos que damos en Latinoamérica buscan garantizar un derecho humano fundamental”.
Por su parte, José Solorza dijo: “Integrar la mirada política es crucial. En EFE trabajamos con exautoridades de todos los sectores para reflexionar sobre el pasado y proyectar el tren que Chile necesita al 2050. El desarrollo debe ser transversal y con visión de Estado”.
Camila Merino, representante de Vitacura, señaló: “Debemos avanzar en estaciones de carga y más taxis eléctricos. Son palancas clave para masificar la electromovilidad y aliviar problemas como el estacionamiento y la congestión. El trabajo público-privado es esencial”.
Por último, Emiliano Fernández, viceministro de Paraguay, señaló que “el transporte público debe estar centrado en las personas y en el tiempo: más velocidad de viaje, menos espera. La electromovilidad es un elemento de atracción, pero debe ir acompañada de infraestructura y financiamiento robusto”.
El panel dejó en claro que, pese a los avances, el camino hacia la movilidad sostenible en América Latina requiere continuar fortaleciendo la cooperación público-privada, la voluntad política y el aprendizaje transversal entre países, siempre con foco en el beneficio ciudadano y la proyección a largo plazo.
En América Latina, los costos logísticos siguen siendo uno de los principales obstáculos para la competitividad. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mover mercancías en la región puede representar hasta el 30% del valor de un producto, tres veces más que en economías desarrolladas.
Por lo que esta ineficiencia se traduce en entregas tardías y en clientes insatisfechos: El 58% de los consumidores no vuelve a comprar en una empresa que incumple con los tiempos de entrega.
Frente a este escenario, la tecnología se perfila como un aliado estratégico. El uso de inteligencia artificial (IA) y geolocalización está revolucionando la forma en que las empresas planifican y ejecutan sus operaciones. El QS World Future Skills Index 2025 reporta que, entre 2018 y 2024, el número de compañías en México que adoptaron soluciones de IA creció 965%, alcanzando 362 firmas.
En logística, la mitad de los tomadores de decisión consultados en una encuesta reciente reconoció que ya emplea estas tecnologías para optimizar procesos. La llamada localización inteligente permite recopilar y procesar datos geográficos en tiempo real, transformándolos en información estratégica. Con ello, las compañías pueden reducir costos, mejorar la eficiencia en sus cadenas de suministro y garantizar entregas puntuales.
Un ejemplo es Datarutas 2.0, plataforma desarrollada por Servinformación sobre infraestructura de Google Cloud. Esta herramienta integra inteligencia artificial, geolocalización y analítica predictiva para ayudar a las empresas a tomar decisiones proactivas. Con una Torre de Control en línea y una app móvil para Android, permite visualizar rutas, monitorear tráfico, coordinar equipos en campo y registrar información clave en tiempo real.
Con cobertura en toda Latinoamérica y mapas actualizados en países como Colombia, Perú y Ecuador, Datarutas 2.0 no solo impulsa la productividad y la eficiencia, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental, al optimizar recorridos y reducir el consumo de combustible.
La tendencia es clara: La logística en la región avanza hacia la integración de IA y geolocalización, herramientas que ya no son opcionales, sino ventajas competitivas esenciales para garantizar entregas a tiempo y mejorar la rentabilidad.
Como es ampliamente conocido, en América Latina y el Caribe, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan más del 99% del total de empresas y generan alrededor del 60% del empleo formal. Sin embargo, su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) es significativamente menor (alrededor del 25%) por la persistente baja productividad estructural y un precario acceso a mercados y financiamiento, entre otros factores.
A pesar de ser el corazón económico de la región, las mipymes enfrentan tasas alarmantes de informalidad (que en algunos países supera el 70%) y se concentran en sectores con baja innovación, como el comercio y los servicios. Uno de los mayores cuellos de botella que limita su desarrollo es, sin duda, el acceso al financiamiento.
Tecnología vs. asimetría de información
Las mipymes no solo tienen que lidiar con obstáculos operativos o de mercado; también dependen de un sistema financiero que no fue diseñado para ellas. Las reglas del juego, con tasas, garantías, trámites, perfiles de riesgo, etc., favorecen a empresas con capacidad de generar información estructurada, trazable y confiable. Esto deja fuera a millones de negocios que operan con contabilidad básica, informalidad parcial y sin historial crediticio.
Lo que los bancos no conocen, no lo pueden financiar. Esa es la esencia del problema de la asimetría de información en el sistema financiero, ese muro invisible que separa a los bancos y demás entidades financieras de millones de empresas productivas y con mucho potencial de crecimiento. Donde no hay información, no hay confianza. Y sin confianza, no hay crédito. De acuerdo con datos de la CEPAL, menos del 20% de las mipymes acceden a crédito formal.
Frente a esta barrera estructural, la tecnología emerge como una herramienta poderosa para devolver simetría a la información financiera. Desde datos alternativos hasta inteligencia artificial, pasando por plataformas de open finance, el nuevo ecosistema digital está transformando cómo se construye la confianza entre oferentes y demandantes de financiamiento.
Algunos avances clave incluyen:
Scoring alternativos como métodos de evaluación de riesgo crediticio utilizando información no financiera (comportamiento digital, historial de pagos de servicios, trazabilidad de facturas electrónicas) para construir perfiles financieros. El Laboratorio CAF de Inclusión Financiera de CAF ha identificado múltiples ejemplos de esto en sus 6 ediciones anteriores.
Open Finance: En Brasil, las más de 40 millones de conexiones activas entre bancos y fintechs permiten que los usuarios autoricen el uso de su información financiera para acceder a mejores ofertas de productos personalizados.
Tecnología geoespacial y rural: herramientas basadas en geolocalización, imágenes satelitales o sensores agrícolas permiten evaluar la productividad y estabilidad de negocios rurales antes imposibles de mapear. La geolocalización se ha convertido, literalmente, en la nueva oficina bancaria del agro.
Inteligencia artificial y big data: el uso de modelos predictivos ajustables permite segmentar clientes, anticipar riesgos y automatizar decisiones, reduciendo costos y tiempos de aprobación. Claro está que la IA todavía no reemplaza al banquero: lo convierte en un evaluador de riesgo más rápido y preciso.
Una de las principales lecciones de esta transformación en proceso es que no existe una sola realidad Mipyme. Bajo ese acrónimo conviven realidades muy diversas, desde microempresas informales hasta medianas empresas formalizadas, tecnificadas e incluso exportadoras. Sus desafíos, necesidades y capacidades varían significativamente, por lo que atenderlas con soluciones financieras uniformes resulta ineficaz.
De ahí, que es altamente recomendado la aplicación de enfoques diferenciados en el diseño de productos financieros, pero también de políticas públicas y soluciones tecnológicas. Un modelo de scoring que funcione de manera óptima para emprendedores urbanos digitales, puede ser inútil para una empresa familiar de confecciones en provincia rural. La segmentación inteligente es clave para una inclusión efectiva de las mipymes.
No todo lo que brilla es algoritmo: desafíos a enfrentar
Aunque las oportunidades son enormes, también lo son los desafíos. La transformación digital del financiamiento a mipymes debe ser acompañada por una transformación institucional, ética y humana.
Entre los retos más urgentes destacan:
Protección de datos: garantizar que el uso de información financiera o alternativa respete la privacidad y los derechos del usuario.
Prevención de sesgos algorítmicos: evitar que modelos de IA reproduzcan patrones históricos de exclusión, afectando desproporcionadamente a mujeres, jóvenes o comunidades rurales.
Actualización regulatoria: los marcos legales deben adaptarse a los nuevos modelos de datos, plataformas y decisiones automatizadas, sin frenar la innovación ni poner en riesgo la estabilidad.
Brecha digital: la expansión del acceso tecnológico debe ir acompañada de infraestructura, alfabetización digital y conectividad, especialmente en zonas rurales.
Formación de talento: bancos, fintechs y reguladores necesitan profesionales capaces de entender el cruce entre tecnología, finanzas y desarrollo.
Una tendencia alentadora en la región es el crecimiento de alianzas estratégicas entre bancos tradicionales y startups tecnológicas. Según datos de Finnovista, más de 1.200 alianzas de este tipo se han registrado en América Latina en los últimos cinco años. Estas colaboraciones permiten combinar escala, confianza institucional y agilidad tecnológica para atender mejor a las mipymes.
Confianza construida con datos
Reducir la asimetría de información no es solo un reto técnico, es una oportunidad de justicia económica. Ampliar el financiamiento a las mipymes no se logra con más créditos genéricos, sino con información relevante, adaptada y accesible.
La inclusión financiera del futuro se construirá con datos, pero también con decisiones éticas, regulaciones inteligentes y alianzas que apuesten por el desarrollo productivo de la región.
Porque al final, no se trata solo de dar crédito, sino de construir confianza.
Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe
Las previsiones sobre el crecimiento de la región, por parte del Banco Mundial, actualmente están a la baja para toda la región de Latinoamérica y el Caribe por hasta el 2,1% en 2025. Es por esto que será la peor región en lo que respecta a crecimiento en todo el mundo. La razón es que la región tendrá baja inversión, endeudamiento elevado y un entorno externo cambiante lo cual complicaría el desarrollo económico y social de la región.
El problema económico que se viene en América Latina
Uno de los puntos de conflicto será, según el Banco Mundial, «el aparente giro de Estados Unidos hacia mayores aranceles arroja incertidumbre sobre el proyecto de nearshoring, la práctica de llevar operaciones en el extranjero a países cercanos o amigos, y el acceso a los mercados mundiales en general».
Inicialmente, se esperaba que el PIB regional aumentará hasta 2,6%, pero la nueva estimación para el próximo año de una expansión del PIB del 2,4% también es más baja. «El panorama económico mundial ha cambiado drásticamente, marcado por mayores niveles de incertidumbre», dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. «Los países deben recalibrar sus estrategias e impulsar reformas audaces y prácticas que impulsen la productividad y la competitividad».
La recomendación de la institución es mejorar las inversiones en infraestructura, educación, comercio y gobernanza para garantizar la creación de empleo y mejores oportunidades para las empresas y los ciudadanos.
El único país que tiene, por el momento, una previsión positiva es Argentina con un crecimiento esperado del 5,5% este 2025 luego de que el año pasado la economía se contrajera un -1,8%, según el Banco Mundial. Mientras que Brasil, si bien crecerá, se espera que lo haga en solo 1,8%, mientras que para México el crecimiento es casi prácticamente nulo: un cambio del 0,0% en el PBI.
Otras economías como Chile (2,1%), Colombia (2,4%), Perú (2,9%) tendrán un crecimiento más pronunciado.
Los modestos resultados tanto en materia de crecimiento como de comercio subrayan la necesidad de avanzar en un programa de reformas de larga data con el fin de preparar a las economías regionales para los nuevos desafíos y las posibles oportunidades», afirmó el Banco Mundial.
La acelerada expansión de la inteligencia artificial (IA) en América Latina y el Caribe podría tener consecuencias significativas en el consumo energético de Latam. Según la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), se estima que para 2035, la IA podría representar hasta el 5% del consumo total de electricidad en estos territorios.
En un documento técnico publicado por la Olade, se detalla que la región cuenta actualmente con 455 centros de procesamiento de datos dedicados a aplicaciones de IA.
Estos centros son fundamentales para el funcionamiento de los sistemas de IA, ya que albergan los servidores que procesan y almacenan los grandes volúmenes de datos necesarios para el desarrollo de esta tecnología.
Si se considera que cada centro consume, en promedio, 50 gigavatios hora (GWh) de electricidad al año, los centros de datos de IA ya representaban en 2023 alrededor del 1,6% del consumo eléctrico total de la región.
La proyección de la organización es que, entre 2023 y 2030, la cantidad de centros de datos en todo el mundo aumentará en un 165%, lo que representa una tasa de crecimiento anual promedio del 15%.
El secretario ejecutivo de la Olade, Andrés Rebolledo, advirtió que la creciente demanda de energía para las aplicaciones de IA podría competir directamente con otros sectores prioritarios, como el residencial, el industrial y el transporte.
Esta competencia por los recursos energéticos representa un reto para los países de la región, que ya enfrentan desafíos para garantizar el suministro de electricidad de manera estable y eficiente.
En particular, la organización considera esencial mejorar la eficiencia energética de los centros de datos, lo que implicaría la implementación de tecnologías que optimicen el uso de energía en los procesos de computación y refrigeración. En ese sentido, la eficiencia energética será clave para mitigar el impacto de la creciente demanda de electricidad.
Adicionalmente, la Olade instó a los países a seguir invirtiendo en fuentes de energía renovable, lo cual no solo contribuiría a reducir la huella de carbono de la región, sino que también serviría para asegurar la disponibilidad de energía a largo plazo.
Expertos como Fatih Birol, Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), aseguran que el impulso de las energías renovables sería fundamental para equilibrar el consumo energético derivado de la expansión de la IA, contribuyendo a que este avance tecnológico sea más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Asimismo, Mark Jacobson, profesor de ingeniería ambiental en la Universidad de Stanford, ha concluido en sus investigaciones que las fuentes de energía renovable no solo pueden cubrir la creciente demanda energética, sino que también son necesarias para mantener los impactos ambientales bajo control, lo que se vuelve crucial a medida que la IA y otras tecnologías avanzadas aumentan el consumo de electricidad.
A medida que la inteligencia artificial sigue transformando los sectores productivos y sociales, las implicaciones energéticas de su crecimiento serán cada vez más evidentes. Si bien la tecnología ofrece oportunidades para la mejora de la productividad y la eficiencia en diversas áreas, su impacto en el consumo eléctrico requiere una reflexión profunda y la adopción de políticas que aseguren su desarrollo de manera sostenible.
De cara al futuro, es crucial que los países de la región desarrollen estrategias claras para gestionar el impacto energético de la IA. Esto incluye no solo la mejora de la infraestructura energética, sino también el fomento de políticas públicas que apoyen el uso eficiente de los recursos y la transición hacia una matriz energética más sostenible.
Sin una planificación adecuada, la región podría enfrentar tensiones en el suministro eléctrico, con efectos negativos en la competitividad económica y en la calidad de vida de sus habitantes.
En medio de la guerra comercial con los Estados Unidos y los aranceles de Donald Trump, China ha reforzado su alianza con Brasil como principal país importador de productos agrícolas. Se trata de establecer nuevos acuerdos y políticas internacionales para intensificar sus intercambios comerciales.
China y Brasil han establecido conversaciones para la compra de productos agrícolas durante la Conferencia de Intercambio Económico y Comercial China-Brasil, celebrada en São Paulo a finales de abril.
De la conferencia han participado más de 180 representantes de gobiernos y asociaciones empresariales, durante la cual se firmaron acuerdos por un total de 300 millones de yuanes (aproximadamente 40,82 millones de dólares). En el encuentro se propuso transformar el puerto de Gaolan de China en un centro comercial que refuerce el comercio de cereales y energía, y se discutieron exportaciones brasileñas de soja y carne de vacuno.
China encontró reemplazo para las importaciones de USA
Analistas señalan que Brasil podría asumir un rol protagónico en la estrategia de China para diversificar sus fuentes de suministro agrícola, un movimiento impulsado por la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria de la nación asiática. Con una población que supera los 1.400 millones de habitantes y una superficie cultivable limitada, la demanda china de productos como la soja se mantiene robusta, lo que abre un abanico de oportunidades para los productores brasileños.
La colaboración entre Brasil y China trasciende el ámbito agrícola, extendiéndose a proyectos de infraestructura de gran envergadura. Un ejemplo destacado es la planificación de un ferrocarril que conectaría el territorio brasileño con el puerto de Chancay en Perú. Estas iniciativas subrayan el compromiso mutuo de ambos países por consolidar una alianza económica y comercial cada vez más sólida.
En un contexto global marcado por las dificultades derivadas de los elevados aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, los países están intensificando la cooperación comercial y de inversión que redunda en beneficios mutuos. Así lo señaló el analista Zhou Zhiwei, experto en estudios latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales.
«Brasil podría desempeñar un papel significativo en la diversificación de las importaciones agrícolas de China, un proceso que se inició hace varios años con el objetivo primordial de fortalecer la seguridad alimentaria del país», afirmó el Zhou Zhiwei. Y añadió que otros países de la región como Argentina y Uruguay también tienen gran potencial por explotar en términos de producción y exportación agrícola.
Casi la mitad de la población en situación de pobreza en América Latina son niños y adolescentes menores de 17 años. De acuerdo con cifras de la Cepal en 2023 este grupo etario representó el 40.6% del total de los pobres.
Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los grupos más vulnerables ante la pobreza y las carencias sociales. En América Latina, gran parte de la población que se encuentra en algún grado de pobreza son menores de edad, de acuerdo con información de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
Al corte del 2023 se observó que el 40.6% de los pobres en la región eran menores de 17 años, mientras que un 26.0% eran adultos jóvenes de 18 a 39 años.
Por su parte, 21.0% del total de personas en pobreza eran adultos de 40 a 59 años y el 15.3% restante corresponde a adultos mayores de más de 60 años.
Se observa que en los últimos tres años la pobreza en niños y adolescentes ha incrementado, mientras que la persistencia en adultos mayores se ha recortado.
El café colombiano, los arándanos de Perú, el vino argentino, el salmón chileno o el camarón ecuatoriano son solo algunos de los productos latinoamericanos que deberán pagar el arancel de 10% impuesto por el gobierno estadounidense a gran parte de los bienes provenientes de la región. El presidente Donald Trump anunció uno de los mayores paquetes arancelarios de la historia iniciando una nueva era de proteccionismo que está remeciendo los cimientos del comercio internacional.
Los llamados «aranceles recíprocos» afectan a decenas de países, incluyendo algunas de las mayores economías del planeta. El látigo, sin embargo, no cayó igual para todos. Mientras los productos provenientes de China tendrán que pagar un gravamen de 34% al cruzar la frontera estadounidense (más un 20% decretado previamente), los de la Unión Europea pagarán un 20%.
El shock ha sido tan grande en otras partes del mundo, que en Latinoamérica la noticia, pese a marcar un quiebre en la historia comercial de EE.UU. con la región, fue recibida con cierta calma. Incluso en México había un cierto nivel de optimismo porque, como dicen, «se salvaron» del peor de los escenarios. México y Canadá no entraron en la lista de los aranceles recíprocos anunciados por Trump en lo que el mandatario bautizó como el «Día de la Liberación».
Eso calmó las aguas, aunque estos dos países sí enfrentarán los aranceles del 25% que Trump impuso previamente al acero, el aluminio y los automóviles. En cualquier caso, el gravamen a los autos que cruzan la frontera desde Canadá y México a EE.UU. tampoco se aplicará completo, porque existe una cláusula que establece que la tarifa sólo recaerá sobre contenido del vehículo «no estadounidense».
Entre los menos golpeados
Casi todos los productos latinoamericanos tendrán que pagar un arancel de 10%, que es el mínimo impuesto por la Casa Blanca en esta nueva era de comercio internacional que interrumpe décadas de un sistema basado en reglas que regulan la imposición de tarifas. Un arancel no es otra cosa que un impuesto a un producto extranjero. Habitualmente lo aplican los países cuando quieren proteger a las empresas nacionales bajo el argumento de que existe una competencia injusta por parte de otras naciones.
Esta vez, sin embargo, el gobierno estadounidense se saltó las reglas y decidió unilateralmente lanzar un tsunami arancelario contra casi todo el mundo. Como la ofensiva fue gigantesca, Latinoamérica quedó entre los menos golpeados con el gravamen de 10%, con la excepción de los productos provenientes de Venezuela, que deberán pagar un 15%, y los de Nicaragua, que deberán pagar un 18%, el impuesto más alto de toda la región.
¿Quién paga el arancel? Lo paga el importador estadounidense en la aduana cuando el producto cruza la frontera. El efecto directo es que se encarece el producto que compra el consumidor final en Estados Unidos. Lo que le preocupa a los exportadores latinoamericanos es que, como el precio de sus productos será mayor al cruzar la frontera, van a vender menos y eso terminará afectando la inversión, el empleo y el crecimiento en la región.
Pero los temores no solo vienen por el golpe que sufrirán los exportadores. La nueva guerra arancelaria de Estados Unidos ha provocado incertidumbre en los mercados, pausa en las inversiones, dudas sobre el futuro del tipo de cambio y ansiedad sobre cómo responderán los países más afectados. Pese a la tormenta,»parece que la región está mejor posicionada que el resto», dice Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, en diálogo con BBC Mundo. Aunque, agrega, hay que estar atentos porque «vamos a ver una desaceleración global del comercio».
Muchos analistas están anticipando ese frenazo económico en Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de la región, algo que impacta directamente a las economías latinoamericanas. Las economías están tan interconectadas que, si baja el crecimiento en EE.UU. o se produce una recesión, Latinoamérica lo va a sentir. Pero, por ahora, no se sabe qué va a pasar durante los próximos meses en la medida que comiencen a rearmarse las piezas del rompecabezas del comercio internacional.
Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Economics, comenta que el arancel para los países de la región «es un retroceso» en relación a la situación en la que estaban antes. Sin embargo, Latinoamérica queda en una posición relativa favorable en relación a otras regiones del mundo, explica. «Se abre una oportunidad en América Latina para ganar participación en las importaciones a EE.UU. a costa de otros países».
De todos modos, dice, hay que tener en cuenta que «se espera que la economía de EE.UU. crezca mucho menos» y eso afectará a todo el mundo.
Los productos sin aranceles
Aunque el arancel base es de un 10% para la mayoría de los productos latinoamericanos que ingresan a Estados Unidos, la Casa Blanca informó en un documento que la nueva política de gravámenes incluye excepciones. Entre los productos que -por ahora- no pagarán el arancel está el cobre, los bienes farmacéuticos, los semiconductores, los artículos de madera, los lingotes de oro, la energía y otros minerales no disponibles en Estados Unidos.
Expertos en el sector petrolero consultados por BBC Mundo piensan que al excluir el rubro de la «energía» de los aranceles, se supone que las exportaciones de petróleo no se verán afectadas. Como no se han entregado más detalles, tampoco los gobiernos tienen certeza sobre este punto y están a la espera de conseguir reuniones bilaterales con miembros de la Casa Blanca para tener mayores certezas.
En el escenario de que el petróleo y otros productos energéticos latinoamericanos efectivamente queden exentos de los nuevos aranceles, los efectos en la región estarían más focalizados en sectores como la agroindustria, aunque todo depende de cada país.
El caso de Colombia y Argentina
En Colombia, los principales productos exportados a Estados Unidos son el café y las flores, además de los alimentos procesados, los productos químicos y las manufacturas. Pese a que inicialmente el presidente colombiano, Gustavo Petro, no celebró los aranceles de Trump, en un repentino cambio, declaró en la red social X que estos son positivos.
«Latinoamérica, incluida Colombia, se benefician con la política de Trump sobre aranceles, en primera instancia. Pero el empresariado colombiano debe saber aprovechar las cosas», dijo. Si algunos productos se encarecen en EE.UU., «y si podemos producir esos bienes más baratos, es hora de exportar allí», agregó. «Solo encareceremos importaciones norteamericanas si nos quitan empleos».
También expresó una respuesta positiva el gobierno argentino a través de su portavoz, Manuel Adorni, quien destacó este jueves la «maravillosa relación» entre Argentina y EE.UU. Y el presidente Javier Milei, publicó en X un enlace a la canción de Queen Friends will be Friends, pese a que los mercados no recibieron con alegría los aranceles de Trump. El principal rubro de exportación argentino a EE.UU. es el de combustibles y aceites minerales, seguido por el aluminio y las bebidas y líquidos alcohólicos.
¿Qué pasa con Perú, Brasil, Chile y Ecuador?
En el caso de Perú, aunque China es el principal destino de las exportaciones peruanas, EE.UU. ocupa el segundo lugar. Se estima que los gravámenes pueden afectar a rubros como las prendas de vestir, la minería no metálica y la agroindustria. Los productores de arándanos peruanos no estaban satisfechos, dado que el principal mercado de exportación de esa fruta es EE.UU., y pese a que ambos países tienen un acuerdo de libre comercio, el pacto no salvó a Perú de los gravámenes.
El gobierno de Lima anunció que le pedirá al gobierno de Trump que reconsidere los aranceles en los próximos días. Algunos expertos locales dijeron que, pese al daño que puede generar la medida en sectores como la industria textil, se pueden abrir oportunidades para Perú frente a otros países a los que se les impusieron gravámenes más altos. O sea que, pese a todo y dependiendo del producto, Perú podría seguir vendiendo más barato que otros competidores.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que su Gobierno enfrentará «todo intento de imponer un proteccionismo que no cabe más en este mundo» y que adoptará «todas las medidas posibles» contra los aranceles de Trump. «Defendemos el multilateralismo y el libre comercio», dijo Lula. También aseguró que la respuesta a los aranceles será dada con la «referencia» a una ley aprobada el miércoles en el Congreso brasileño, que autoriza la adopción de represalias para casos de ese tipo, y también en el marco que establecen las normas de la Organización Internacional de Comercio (OMC).
Brasil exporta a EE.UU. productos como el petróleo crudo y refinado, hierro semi-acabado, soja, mineral de hierro, azúcar y maíz. En Chile, la agricultura y el sector pesquero podrían ser algunos de los más afectados por los aranceles impuestos por la Casa Blanca. Productos como el salmón, la uva o el vino han quedado expuestos a los gravámenes unilaterales aplicados por la mayor economía del mundo. La decisión «tiene un efecto indudable para un país pequeño y globalizado como Chile», dijo la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez.
A pesar del impacto negativo que puede tener la medida en la economía chilena, la Casa Blanca decidió dejar fuera del gravamen a dos productos chilenos fundamentales: el cobre y la madera. Eso hizo que el golpe no fuera tan duro, aunque un potencial gravamen al cobre en el futuro es una alternativa que aún sigue sobre la mesa del Despacho Oval. En el caso de Ecuador, el camarón, el banano, y el cacao son algunos de los productos más afectados por los aranceles.
Sectores empresariales de ese país dijeron estar evaluando «de manera urgente» caminos para mitigar el impacto de la medida, mientras el gobierno señaló que continuará promoviendo una relación más estrecha con su principal socio comercial.
Centroamérica en la mira
Entre los países más afectados de la región por los aranceles anunciados el miércoles están los centroamericanos por su alta dependencia del mercado estadounidense. Los gobiernos de esa región han dicho que están analizando la situación y que, por ahora, no han tomado decisiones sobre cómo seguir adelante. Aunque forman parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), la decisión del gobierno estadounidense no los eximió de los nuevos aranceles.
Aunque el daño comercial puede ser bastante profundo, países de esa región destacaron que el 10% fue el arancel más bajo aplicado por el gobierno estadounidense a nivel global. «Si la marea sube y levanta todos los botes al mismo tiempo, pues es una realidad nueva. No nos están castigando en ese sentido», dijo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.
En un análisis, el banco Citi dijo que Honduras, El Salvador, República Dominicana y Panamá, son algunos de los más vulnerables, debido al desbalance comercial con EE.UU., la migración y el narcotráfico, la dependencia de las remesas y otros factores. Es posible que en las próximas semanas y meses se produzcan cambios focalizados en algunos productos latinoamericanos tras negociaciones de los gobiernos regionales con la Casa Blanca.
Hasta ahora, la mayoría de los países no parece tener en sus planes la imposición de represalias contra EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó en los primeros 15 días de su mandato un cambio radical en las relaciones de EE.UU. con América Latina, resuelto incluso a deshacer políticas y alianzas de décadas, o a enviarle un “regalo” al gobierno socialista de Venezuela.
Tanto ha sido el interés del gobierno de Trump en la región que su secretario de Estado, Marco Rubio, la eligió como destino de su primer viaje en funciones al exterior, algo inédito en más de un siglo.
Gran parte de este enfoque hacia el sur responde a prioridades marcadas por Trump, como deportar de forma masiva a inmigrantes en EE.UU., contrarrestar la creciente influencia de China y reducir el tráfico de fentanilo a su país.
Distintos gobiernos latinoamericanos intentan descifrar hasta dónde irá la nueva política de Washington, donde por ahora destacan más las intimidaciones y los retos que las propuestas positivas a la región.
Los expertos coinciden en que aún es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas.
Pero señalan que lo visto en estas dos semanas ya supone un giro vertiginoso del vínculo entre la potencia del norte y su vecindario continental.
“Es un cambio drástico”, dice Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico. “No se parece a ningún otro cambio en la política exterior de EE.UU. hacia el hemisferio”, agrega en diálogo con BBC Mundo.
Entonces, ¿en qué consiste este viraje?
“Un gran garrote”
Trump dejó claro desde el inicio de su segundo mandato que Latinoamérica está en su radar.
En su discurso de toma de posesión el 20 de enero, anunció una declaración de “emergencia nacional” en la frontera sur de EE.UU. y el envío de militares a la zona para cortar el pasaje de migrantes sin papeles desde México.
Trump también indicó que busca nombrar como “organizaciones terroristas extranjeras” a ciertos carteles de drogas, los cuales suelen operar en Latinoamérica.
Y, tras afirmar sin presentar evidencia que China opera el Canal de Panamá construido por EE.UU. y traspasado al país centroamericano en 1999, indicó que quiere “recuperarlo”.
En estas dos semanas, el mandatario también anunció aranceles de 25% a las exportaciones de Colombia y México, pero los suspendió al lograr acuerdos con esos países para enviar inmigrantes deportados por EE.UU. y reforzar la seguridad fronteriza respectivamente.
Esta serie de anuncios contrasta con el desinterés que Trump mostró hacia América Latina en los primeros meses de su anterior gobierno (2017-2021).
A medida que avanzó aquel mandato, su atención regional se enfocó en buscar un cambio de gobierno en Venezuela que nunca logró, con sanciones económicas, un aislamiento diplomático del presidente Nicolás Maduro y declaraciones sobre una “posible opción militar” en ese país .
Pero ahora Trump lanza advertencias similares a aliados de EE.UU.
El mes pasado, ante una pregunta específica, se negó a descartar el uso de la fuerza militar o la coerción económica para lograr el control del canal de Panamá, señalando que la ruta marítima es “vital” para EE.UU.
Su intención de designar como “terroristas” a carteles de drogas también abre una posibilidad de que ordene acciones militares contra esos grupos en la región, señalan analistas.
Mientras antes Washington hablaba de cooperación y diálogo entre iguales con países de América Latina, observa Sabatini, ahora “hay un hombre con un gran garrote que tiene un conjunto de objetivos políticos domésticos y tendencias personales que ejerce” en la región.
Pamela Starr, profesora de relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California (USC), coincide en que hay “un cambio significativo en la política estadounidense hacia América Latina”.
Explica que el giro consiste, por un lado, en volver a una lógica de la Doctrina Monroe y la idea de que EE.UU. debe ser el líder hegemónico al que siga América Latina, “tratando de expulsar a China” de la región.
Pero también hay “una vuelta a la actitud de la Guerra Fría donde no importa la política interna de los países latinoamericanos mientras sean aliados de EE.UU.: pueden ser regímenes autoritarios o democráticos”, dice Starr a BBC Mundo.
El enviado
Es incierto cuánto modificará Trump la política hacia Venezuela y otros países de la región que considera dictaduras, como Cuba y Nicaragua.
Pero a muchos sorprendió que un enviado suyo, Richard Grenell, viajara a Venezuela para reunirse con Maduro el viernes.
Washington afirmó que la misión de Grenell logró sus cometidos de asegurar que Caracas reciba a migrantes venezolanos deportados por EE.UU., incluidos miembros del grupo criminal Tren de Aragua, y liberara a estadounidenses presos en ese país: seis retornaron con el enviado.
El gobierno de Trump revocó un programa que ofrece protección a cientos de miles de venezolanos en EE.UU. que podrían quedar expuestos a mayores riesgos de deportación.
Funcionarios estadounidenses han negado que en el encuentro entre Grenell y Maduro se discutieran concesiones financieras o de otro tipo de EE.UU. a Venezuela.
También descartaron que la reunión significase un reconocimiento al gobierno venezolano, que está cada vez más aislado después que EE.UU. y otros países lo acusaran de robar las elecciones del año pasado.
Sin embargo, el propio Grenell declaró que su misión como enviado de Trump fue un “regalo enorme” para Maduro y que éste podría usar las imágenes del encuentro con fines propagandísticos.
“El regalo era una conversación, una esperanza de un futuro diferente, y un diplomático estadounidense sentado allí”, dijo Grenell en una entrevista con la comunicadora Megyn Kelly.
Ryan Berg, experto en Latinoamérica del bipartidista Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, explica que en los círculos de poder de la ciudad hay “halcones” que quieren seguir una línea dura con Venezuela y otros que sugieren buscar un compromiso.
“Los halcones tienen ventaja numérica, pero habrá que ver si se imponen en el proceso político. Por cierto hay voces a favor de llegar a un acuerdo, de darle a Maduro algo más a favor de tomar vuelos de deportación. Aún no sabemos lo que ha conseguido”, dice Berg a BBC Mundo.
Descendiente de inmigrantes cubanos y primer latino que lidera la diplomacia de EE.UU., Rubio es considerado uno de esos “halcones” republicanos, pero Trump tendrá la última palabra.
¿Y la estrategia?
Uno de los principales aliados que Washington parece tener ahora en la región es el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Tras una charla telefónica entre ambos el 23 de enero, la Casa Blanca indicó que Trump “elogió el liderazgo del presidente Bukele en la región y el ejemplo que da a otras naciones del Hemisferio Occidental”.
Bukele recibió el lunes a Rubio y ofreció llevar a las cárceles de El Salvador a criminales convictos que cumplan condena en EE.UU., incluidos ciudadanos de este país, a cambio de un pago.
Rubio consideró “extraordinaria” la propuesta y dijo que estudiará su legalidad. “Si es legal, lo haría sin duda”, dijo Trump este martes.
Esto ocurre pese a que el Departamento de Estado de EE.UU. ha consignado denuncias de graves abusos de derechos humanos, desde torturas hasta homicidios arbitrarios, cometidos por fuerzas de seguridad salvadoreñas en la guerra a las maras lanzada por Bukele.
Otros gobiernos latinoamericanos han anunciado sus propias medidas ante las presiones de Trump.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de 10.000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera para combatir el tráfico de fentanilo a cambio de la suspensión por 30 días de los aranceles de EE.UU.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió a Rubio el domingo insistiendo en que la soberanía del Canal está fuera de discusión y anunció que su país evitará renovar un acuerdo que firmó en 2017 con Pekín como parte del plan global chino de la Ruta de la Seda.
Mientras los países de América Latina ensayan respuestas a las exigencias puntuales de Trump, por ahora brilla por su ausencia una estrategia definida de EE.UU. hacia la región.
“Llevamos 15 días y no tenemos una política clara”, dice Berg. “Hasta ahora ha sido una demostración de fuerza de EE.UU. en el hemisferio occidental, pero mi esperanza es que (…) haya un conjunto de políticas que busquen más compromisos del sector privado de EE.UU., las corporaciones financieras de desarrollo y otros”.
